Descripción
En la Argentina, luego del restablecimiento de la democracia, los derechos humanos han ocupado un lugar fundamental en la formación de los/as profesionales. En particular, en lo que respecta a la formación de los/as futuros/as operadores jurídicos, el derecho internacional de los derechos humanos adquirió un rol primordial luego de la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994 (por la jerarquía constitucional que se reconoce a los instrumentos de derechos humanos referidos en el art. 75 inc. 22 CN). Comúnmente, en las escuelas de derecho, la enseñanza de derechos humanos se realiza mediante materias específicas o en materias de derecho público en general (por ejemplo, derecho constitucional).1 Se presupone que la educación en derechos humanos resulta una herramienta fundamental para la plena vigencia y operatividad de los derechos humanos (ONU, A/HRC/27/28). Entre esos contenidos que cobraron fuerza está el de la formación de profesionales con enfoque de género. En este sentido, un distinguido equipo internacional
de especialistas ha manifestado la importancia de que los Estados garanticen que la educación responda a las necesidades de estudiantes de todas las orientaciones sexuales e identidades de género, debiendo
asegurar que los métodos, currículos y recursos educativos sirvan para aumentar la comprensión y el respeto en cuestiones de género (Principio de Yogyakarta número 16). La educación en derechos humanos2
, en general, y con enfoque de género, en particular, resulta relevante en futuros operadores/as jurídicos, ya que los/as abogados/as históricamente han ocupados cargos de relevancia en los órganos estatales: ocupan el ciento por ciento de los cargos de jueces/zas, ocupan altos porcentajes como legisladores/ras o asesores/as de estos/as, muchos/as presidentes/as de la República, gobernadores/as de provincias o sus asesores/as, ministros/as son abogados/as. Así, la carrera de abogacía destina gran parte de sus egresados/ as a ocupar en forma directa espacios de poder o toma de decisiones relevantes para el funcionamiento de la sociedad y para el diseño y efectividad de políticas públicas.
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